Con el dictamen negativo de los Consejos y positivo de los Intendentes, el monarca consideró conveniente a los intereses de la Corona y los Vasallos poner en marcha la averiguación catastral. Su decisión se plasmó en el real decreto de 10 de octubre de 1749.Desde 1749 se realizó, en los 15.000 lugares con que contaba la Corona de Castilla (entre los que no se cuentan los de las provincias vascas, por estar exentas de impuestos), una minuciosa averiguación a gran escala de sus habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, incluyendo los censos; incluso de las características geográficas de cada población. Fue ordenada por el rey Fernando VI a propuesta de su ministro el Marqués de la Ensenada y recibe hoy el nombre de Catastro de Ensenada.
INTERROGATORIO
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